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| Policías en plaza de Cajamarca. Foto Perú 21 |
Sin duda, lo que viene sucediendo con el
proyecto minero Conga que pretende
llevar adelante Newmont con dinero
prestado de las financieras internacionales, no es más que un ejemplo donde
el Estado se une con las corporaciones para que éstas lleven adelante
sus proyectos sin ningún obstáculo.
Las fuerzas del orden, que depende
directamente del Ministerio del Interior, firman convenios con las
corporaciones para que aquéllas les den seguridad. Ministros, en caso de Conga
el ministro de Energía y Minas y del Ambiente, se comportan no como reguladores
entre el mercado y el Estado, sino como si fueran promotores de las
trasnacionales. A esta figura, los especialistas lo llaman: Estado corporativista.
Naomi Klein dice que “representan la culminación de la misión corporativista: una fusión
total entre élites políticas y empresariales en nombre de la seguridad, con el
Estado en el papel de presidente del gremio (y como la gran fuente de
oportunidades gracias a la economía de los contratos).
Ejemplo de Estado corporativista es el que
desarrolló Bush durante su administración. “Rumsfeld
tenía un gran problema. Estaba tan metido en varias empresas relacionadas con
desastres que afirmó que le resultaba imposible desvincularse a tiempo, de
manera que ató cabos para intentar seguir participando en el mayor número
posible de compañías sin contravenir las normas éticas”, dice Naomi en su libro “La doctrina del
shock”. Otros funcionarios también estaban metidos en conflicto de intereses.
En el caso peruano, es evidente que las
fuerzas del orden y sectores políticos de gobierno y de oposición, se han
fusionado con los grupos de poder económico de tendencia estractivista con la
intención que las corporaciones mineras desarrollen sus proyectos sin ningún
obstáculo. Algunos han denominado a esta fusión como un gobierno “minero
militar”.
No es nada nuevo que el Ministerio del
Interior haya firmado convenios con la empresa minera asentada en Cajamarca con
la intención que el sector privado lleve adelante sus proyectos con
facilidad. Esta rutina ya se venía desde
mucho tiempo atrás cuando estallaban los conflictos ambientales en
Cajamarca.
El cuestionamiento está en que se utiliza recursos humanos y
logísticos para cuidar no la seguridad ciudadana, sino intereses de sectores
políticos de gobierno y de oposición en fusión con grandes corporaciones. Es
éste la peculiar figura del modelo de mercado en que viven los países latinoamericanos, incluido el nuestro.
Un Estado corporativista no es el gobierno
de la ciudadanía a través de sus representantes que fueron elegidos en procesos
electorales cada ciertos periodos, sino
es el gobierno de una alianza integrada por sectores políticos y
empresas con intereses estractivistas en el caso del Perú. Este tipo de Estado
no contiene en su seno político administrativo un trabajo transparente y ético,
sino, por el contrario, uno que linda con el conflicto de intereses. En el Perú, los ministros de Estado casi
siempre se han comportado no como los representan a un Estado, sino como
funcionarios de las empresas que pretenden o invierten en el país. Sin duda, ello destruye la democracia en una
sociedad donde el mercado prima.
A
donde llegan los grandes capitales y los inversionistas no quieren acatar las
leyes de esos países, es cuando y donde se comienza a crear y construir un
Estado corporativista para que le sean no muy difíciles sus propósitos e
intereses. Cuando la agrupación política que llega al poder es débil
organizacionalmente, de hecho, el trabajo de construir un Estado corporativista
será fácil. Las redes se extienden rápidamente.
Pero si existe una organización política fuerte en el poder, los
operadores del mercado se encontraran con una barrera.
Por ello es bueno y urgente fortalecer los partidos políticos y la institucionalidad en el Perú
Por ello es bueno y urgente fortalecer los partidos políticos y la institucionalidad en el Perú
