LIMA -
Gobernar un país es complejo y equivocarse con decisiones incorrectas es fácil, por ello la solución al conflicto minero de Conga podría ser un punto de quiebre para este gobierno. No quiero repetir la cantidad de consultas realizadas a la población, los años que se ha tardado la revisión y posterior aprobación por el MINEM del EIA de este proyecto que permitirá la inversión más grande en minería en Perú fruto de la confianza de la norteamericana Newmont y de la peruana Buenaventura.
Esta inversión, aprobada el 27 de julio, significó un espaldarazo al gobierno entrante y ejemplo de confianza en el país a futuros inversionistas. Todo esto se ha dicho y las autoridades lo saben de memoria.
¿Qué pasa hoy? Hay grupos que aprovechando el cambio de autoridades señalan que ha habido irregularidades en la aprobación del EIA, cosa que se ha demostrado falsa, pero mucho peor, se están aprovechando de un gobierno que empieza, que se ha comprometido con la inclusión y con los menos favorecidos.
Un gobierno que busca estar más cercano a la población rural que al empresariado y por ello se está abusando, tratando de arrinconar al gobierno haciéndolo decidir por Conga o contra Conga.
Lo que un gobernante debe buscar es el bien común que en este caso es el desarrollo adecuado del proyecto minero de conformidad con la legislación vigente, porque Conga permitirá extraer mineral cumpliendo con la normativa ambiental, venderlo, pagar impuestos generando canon, contribuir con el gravamen extraordinario destinado a infraestructura, creará empleo directo e indirecto y, tan importante como ello, será la señal que el Perú quiere inversión y sobre todo que el nuevo gobierno - distinto al anterior- cumple con sus leyes.
Nuestras actuales autoridades deben aplicar las normas vigentes y en el plazo más breve, cumpliendo la legalidad, impulsar el proyecto. Los que se oponen al proyecto lo pueden estar haciendo por razones valederas o simplemente por un desacuerdo con las actividades mineras. Hasta donde se sabe, no hay conflicto agua-minería pues el agua de las lagunas que se usará será repuesta en cantidades mayores a las que se tomarán.
Si hay afectación a los bofedales aledaños a las lagunas con el desarrollo actual en materia ambiental Newmont estará en capacidad de mitigar cualquier impacto como se hace en los países más avanzados. No olvidemos que cualquier actividad humana impacta el ambiente y el EIA lo reconoce y busca mitigar estos. El Perú ha avanzado desde los 90s en los EIA y en minería estos son sumamente rigurosos.
Estamos a tiempo de ponernos de acuerdo y sacar adelante Conga logrando acuerdos razonables con los que tengan alguna razón valedera para mejorar el proyecto sin abrir el EIA. El Ejecutivo debe saber distinguir cuando los intereses particulares priman sobre los nacionales y ahí está lo difícil.
Esta inversión, aprobada el 27 de julio, significó un espaldarazo al gobierno entrante y ejemplo de confianza en el país a futuros inversionistas. Todo esto se ha dicho y las autoridades lo saben de memoria.
¿Qué pasa hoy? Hay grupos que aprovechando el cambio de autoridades señalan que ha habido irregularidades en la aprobación del EIA, cosa que se ha demostrado falsa, pero mucho peor, se están aprovechando de un gobierno que empieza, que se ha comprometido con la inclusión y con los menos favorecidos.
Un gobierno que busca estar más cercano a la población rural que al empresariado y por ello se está abusando, tratando de arrinconar al gobierno haciéndolo decidir por Conga o contra Conga.
Lo que un gobernante debe buscar es el bien común que en este caso es el desarrollo adecuado del proyecto minero de conformidad con la legislación vigente, porque Conga permitirá extraer mineral cumpliendo con la normativa ambiental, venderlo, pagar impuestos generando canon, contribuir con el gravamen extraordinario destinado a infraestructura, creará empleo directo e indirecto y, tan importante como ello, será la señal que el Perú quiere inversión y sobre todo que el nuevo gobierno - distinto al anterior- cumple con sus leyes.
Nuestras actuales autoridades deben aplicar las normas vigentes y en el plazo más breve, cumpliendo la legalidad, impulsar el proyecto. Los que se oponen al proyecto lo pueden estar haciendo por razones valederas o simplemente por un desacuerdo con las actividades mineras. Hasta donde se sabe, no hay conflicto agua-minería pues el agua de las lagunas que se usará será repuesta en cantidades mayores a las que se tomarán.
Si hay afectación a los bofedales aledaños a las lagunas con el desarrollo actual en materia ambiental Newmont estará en capacidad de mitigar cualquier impacto como se hace en los países más avanzados. No olvidemos que cualquier actividad humana impacta el ambiente y el EIA lo reconoce y busca mitigar estos. El Perú ha avanzado desde los 90s en los EIA y en minería estos son sumamente rigurosos.
Estamos a tiempo de ponernos de acuerdo y sacar adelante Conga logrando acuerdos razonables con los que tengan alguna razón valedera para mejorar el proyecto sin abrir el EIA. El Ejecutivo debe saber distinguir cuando los intereses particulares priman sobre los nacionales y ahí está lo difícil.
Una cosa es vivir en Lima y otra en Cajamarca. ¿Saben cómo ha quedado la laguna Yanacocha? Ya no existe. Newmon no mitigó nada.
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