La
intervención de las Rondas Urbana de Cajamarca, el último fin
de semana, en un centro de diversión
nocturno de nombre “Alondra” no sólo ha suscitado comentarios a favor o en
contra del accionar de la organización social, sino ha vuelto a colocar, sin
que las autoridades quieran darse cuenta, en la agenda la presencia del Estado
en temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana y la respuesta de ésta.
La inseguridad no sólo es un problema local
sino a nivel nacional. Según estudios
realizados en toda la región latinoamericana, incluye el Perú, no se cuenta con
un diagnóstico preciso sobre el problema de la inseguridad en las ciudades. Lo
que es más lamentable es que ni la policía cuenta con datos precisos sobre la
creación y vigencia de las bandas o grupos delincuenciales que hacen de
las suyas las grandes urbes. Ni si
quiera actúan dirigidos por un plan que ellos puedan haber formulado, sino lo
hacen de manera reactiva, circunstancialmente. Es evidente que, en el Perú, no
existen políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana. No se han formulado estrategias para combatir
la inseguridad en el país.
En este contexto, de total abandono de las
ciudades de la gran urbe de Lima y de
las provincias del interior del país en manos de la inseguridad, a la población
no le queda otro camino que organizarse y defenderse de los delincuentes. Ocupar el espacio que el Estado no lo hace. Las
Rondas Urbanas de Cajamarca, quizá, puedan ser las primeras organizaciones
sociales que aparecieron para suplir al Estado y sus instituciones que tienen
que ver con la seguridad ciudadana. No aparecieron por capricho del dirigente
que la conduce, por capricho de Fernando Chuquilín, sino por exigencia de una
realidad: ausencia de Estado.
Las Rondas Urbanas de Cajamarca, desde varios
años, viene practicando la justicia
popular que, en algunos casos, se exagera. Pero no hay otro camino para la
población que organizarse y enfrentar a la delincuencia. ¿Dónde está el Estado?
No existe. Sólo es formalidad y nombre. Las instituciones como el Ministerio
Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, que tienen que ver con la
seguridad ciudadana, son vistas por la población como inoperantes, burocráticas
o paquidérmicas para presentar resultados. Lo que es más grave como corruptas.
Si la ciudadanía no confía en las instituciones del Estado no le queda otro camino que acudir a
su propio pequeño Estado que actúa con sus propias normas. Es como si la misma
población privatizara su seguridad. Es una salida pero peligrosa por las
acciones sin control que pueden ir
contra los derechos de las personas, por ejemplo contra la salud de la
personas.
Por las calles de Cajamarca, en las últimas
semanas, se ha visto mayor número de policías; sin embargo cada fin de semana
se escucha asaltos ya sea contra comerciantes, contra conductores de mototaxis o taxis. La inseguridad no se
combate con sólo presencia de policías en las calles, sino con resultados; es
decir capturando a los delincuentes y ubicando los locales donde se concentra
la delincuencia organizada. La indiferencia de las instituciones, que tienen
que ver con la seguridad ciudadana, es
cada día más notoria.
Es hora que el Estado asuma su rol en el tema
de la seguridad ciudadana. Caso contrario cada cual tomará la manera cómo
combatir la delincuencia que terminará en más violencia. Es verdad que las Rondas Urbanas de Cajamarca
tienen un gran respaldo de la ciudadanía por sus resultados efectivos, pero es
necesario que el mismo Estado se le acerque para que trabajen en coordinación.
La policía y el Poder Judicial lo están haciendo. Es necesario que se unan el Perú real y el
Perú formal.
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