La información procede de Alerta Perú. El Ministerio del Ambiente publicó este mes en El Peruano su propuesta para dicha Estrategia, dando 10 días para la presentación de comentarios. El plazo ya se ha cumplido, y el Gobierno estaría buscando aprobar la norma cuanto antes, pese al rechazo de diversas instituciones que consideran que no ha habido tiempo suficiente para un debate público necesario por la importancia del tema.
“En el tema de zonificación y ordenamiento territorial, los Gobiernos Regionales tienen la competencia. Y la propuesta que el Ministerio pretende aprobar lo que busca es restar esas competencias y que el MINAM concentre la autoridad respecto al tema. Creemos que esto se debe a que desde la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo hay un lobby muy fuerte para que le quiten las competencias a los Gobiernos Regionales”, asegura Torres. El analista resaltó la zonificación llevada a cabo de manera participativa por el Gobierno Regional de Cajamarca, recordando que las empresas mineras se retiraron del proceso a último momento diciendo que no era válido.
“Esta es una respuesta a procesos como el de Cajamarca, que han sido hechos con rigor técnico y con participación de empresas y sociedad civil. Esta norma responde a eso, a procesos como el de Cajamarca, San Martín, Piura... Va en contra de la descentralización”, explica Torres. “Las empresas quieren que no haya ningún tipo de restricción para las actividades mineras, y la zonificación promueve áreas protegidas, zonas donde la minería no es la actividad primordial”, asegura.
Algunos polémicos megaproyectos también estarían vinculados a esta propuesta del MINAM. Torres refiere: “Nos preocupa que la Estrategia incluye los proyectos hidroenergéticos de Inambari y, si bien no menciona Pakitzapango, se refiere a Junín. Estos proyectos en este momento no están en desarrollo, incluso en Inambari la concesión que tenía la empresa Egasur se ha cancelado. No entendemos por qué en la zonificación se tienen que tomar en cuenta proyectos que ni están priorizados ni están en ejecución, y que además son rechazados por la población”.
El analista consideró que un Gobierno de salida no debería aprobar una norma como esta, pues no ha sido adecuadamente discutida. Además, de aprobarse la norma se entraría en un conflicto de competencias que paralizará los procesos de ordenamiento territorial.
Cabe indicar que el Gobierno Regional de Cajamarca hizo público hace pocos días un pronunciamiento donde también rechazó la aprobación apresurada de este dispositivo. (PM)
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