La Asociación por los Derechos civiles y la Iniciativa pro justicia de la Sociedad en el 2007 realizaron una investigación sobre el abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina. El estudio comprendió varios países de la región entre ellos el Perú. A quien le correspondió la siguiente conclusión del estudio:“Perú aprobó una ley de publicidad oficial en 2006. Sin embargo, sus disposiciones carecen de la claridad y especificidad necesarias para que resulte efectiva. En 2006 y 2007, el ministro de Vivienda utilizó contratos de publicidad oficial para obtener una cobertura periodística favorable hacia su ministerio y su persona en tres periódicos de alcance nacional. Las prácticas publicitarias a nivel local continúan siendo informales y están plagadas de manejos abusivos. Los funcionarios locales hacen pagos directos a periodistas y medios individuales para comprar cobertura favorable más que publicidad genuina, y las asignaciones de pauta son en ocasiones discriminatorias. Como resultado de una combinación de distintos factores, incluyendo la necesidad de una elevada inversión financiera y la excesiva discrecionalidad con que el gobierno maneja este proceso, sólo unas pocas radios comunitarias han obtenido su licencia de radiodifusión”. En seguida los responsables del estudio recomiendan: “Adoptar regulaciones claras, específicas y exhaustivas para la implementación de la ley de publicidad oficial sancionada en 2006. Asimismo, empoderar al organismo pertinente para que investigue prácticas ilegales en la contratación de publicidad por parte del gobierno y aplique las sanciones establecidas por la ley”.
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