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| Vladimiro Huaroc representante de la PCM |
En medio de una gran desconfianza de la
población de Baños del Inca, se instaló la mesa de diálogo para tratar el
conflicto Shacsha lugar a donde la
empresa minera Yanacocha pretende
extender sus operaciones mineras como parte de su ampliación. El espacio de
diálogo cuenta con tres ejes de trabajo: ambiental, cultural y social. No se ha
considerado el tema legal como eje de
discusión a pesar que la misma población reclama que lo importante es el
respeto a la Ordenanza Municipal 051 que protege sus recursos naturales y sus
cabeceras de cuenca.
Vladimiro Huaroc Portocarrero, en
representación del ejecutivo, estuvo presente en la instalación de la mesa de
diálogo. En todo momento repitió la nueva relación que pretende establecer el
gobierno entre el Estado, la sociedad y la empresa. “Debe ser una relación
absolutamente sana y transparente.
Basada, fundamentalmente, en el cumplimiento de las normas nacionales en el
cual el gobierno y el ejecutivo deben movilizar al Estado a las zonas donde hay
una demanda de la población, y las empresas tienen que respetar las leyes. Esto
significa que las relaciones con la población tienen que ser sumamente
respetuosas”, dijo y agregó que: “Todos
los proyecto en el país necesitan licencia social y no sólo la Shacsha”.
Por su parte, los representantes de la
población de Baños del Inca, que se concentraron para presenciar la instalación de la mesa de trabajo, en todo
momento advirtieron a Huaroc
Portocarrero el respeto de la ordenanza municipal. “Primero tiene que verse la
ordenanza 051 y después el eje ambiental, cultural y social”, recalcó el alcalde del centro poblado de Otuzco. En
tanto, el señor Carlos Yumbato le hizo recordar a Huaroc que, cuando estuvieron
en Lima, les dijo que la Shacsha no va si no tiene licencia social.
Lo que sí lleva bien claro el representante
del ejecutivo es que la población bañosina exige el respeto a la ordenanza
municipal que se emitió hace varios años atrás y que, a pesar de estar
judicializada, tiene que ser respetada porque a dicha ordenanza no le alcanza
el decreto que emitiera Alan García que prohíbe a los gobierno municipales
emitir ordenanzas para que protegieran sus recursos naturales. “Eso nos parece
muy bien, y esos es un tema que está judicializado. En este momento hay un
proceso en el Poder Judicial y hay que esperar que el Poder Judicial se
pronuncie al respeto”, contestó Huaroc cuando este blog le preguntó de la
preocupación que la población tiene por
el respeto a su ordenanza municipal.
Cuando le preguntamos lo que denunció la
población de Celendín y Bambamarca quienes acudieron semanas atrás a las alturas de Conga donde
constataron que la empresa minera no respeta el pronunciamiento del Estado:
suspensión del proyecto Conga, el funcionario del gobierno central contestó que "sí tiene conocimiento pero es sólo
de un sector de la población y que hay otro sector que tiene otra versión".
Cuando le volvimos a preguntar de qué población se trata, no quiso identificar
a esa población. De esta manera el representante del Ejecutivo no quiso aceptar
todo lo contrario de las nuevas relaciones que el gobierno actual vienen pregonando.
Si el señor Huaroc dice que el gobierno de Ollanta
viene estableciendo nuevas relaciones entre el Estado, la población y las
empresas, éstas, según las denuncias de los pobladores de Celendín y
Bambamarca, no respetan a la población y se burlan del Estado al bloquear las
carreteras con tranqueras de fierro. A demás han denunciado que el Estado ha
firmado convenios con la empresa minera Yanacocha con el fin de dotarles personal
policial a cambio de algunas condiciones que estipula en el convenio. ¿Ese es las nuevas relaciones del Estado con
las empresas mineras y la población?
El 09 de abril volverán a reunirse los equipos técnicos para discutir los ejes
de trabajo establecidos y el tiempo
decidirá si la mesa de diálogo va por buen camino o no. Pero los representantes de la población de Baños del Inca ya sienten que la mesa de trabajo no va dar resultados porque sólo han considerando a los técnicos de ambos lados: del Estado y municipalidad distrital y no a representantes de la población que reclama la protección de sus acuíferos y cabeceras de cuencas. Incluso ya comienzan a desconfiar en el mismo alcalde Jusús Julca.
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