Las provincias del interior del Perú, incluida Cajamarca, en la primera
década del siglo XXI, han sufrido cambios sociales, económicos, demográficos,
debido al modelo económico de desarrollo que unos defienden y otros rechazan: el libre mercado y las inversiones de
capital extranjero sobre todo en extractivismo. Las capitales de las
regiones, demográficamente, han crecido hasta hacinar las zonas de expansión
urbana y las laderas de los cerros como es el caso de Cajamarca. Han puesto en
jaque a los planes de crecimiento urbano (si es que lo tienen) de los gobiernos
locales. Ha sucedido el fenómeno de migración de las demás provincias y distritos
a la capital de la región donde se encuentra la trasnacional minera más grande
de Suramérica: Yanacocha. La inseguridad es cada vez más fuerte. El Estado es
cada vez más débil en aplicar políticas públicas y combatir la inseguridad. En fin, muchos otros fenómenos que es
consecuencia del actual modelo de
crecimiento económico que vivimos.
En este contexto, en casi la mayoría de las provincias del país, ha
surgido un nuevo fenómeno de comportamiento social de aquel grupo humano que,
desde inicio de la República, ha sido muy golpeado y marginado. ¿Cuál es aquel
grupo humano? Es el campesino de los andes y grupos étnicos de las comunidades
indígenas de la amazonía. (Muchos
intelectuales e indigenistas del siglo
pasado salieron en defensa de estos grupos sociales). El fenómeno, que se
percibe en las actuales circunstancias del presente siglo, es escenas de nuevas movilizaciones de campesinos de los
andes y de indígenas de la amazonía que se extiende, aisladamente, en casi
toda la franja de los andes del país y la región amazónica. Cajamarca, en el
2011y 2012, en el conflicto Conga, fue escenario de movimiento campesino.
En el siglo pasado, las movilizaciones o rebeliones campesinas, como lo
llamaron los estudiosos e investigadores sociales, fueron contra el gamonal, el
hacendado, contra el oligarca que tenía a su favor el poder político y la clase
política que ostentaba el poder. Contra el hacendado que era dueño no sólo de
las tierras del campesino, sino de la vida del mismo campesino. Actualmente,
las movilizaciones campesinas han comenzado a crecer, aunque aisladamente, protestando contra dos
instituciones: El Estado y las empresas trasnacionales, mineras sobre todo. Es
decir, contra un Estado ineficiente y parcializado y un sistema económico
salvaje.
Con respecto al primero, los campesinos han sentido y siguen sintiendo
que el actual Estado es su enemigo, el que está contra ellos (como lo fue en la
década de 1920 y 1950, campesinos cajamarquinos murieron baleados por el
hacendado Juan Puga Estrada sin que el Estado pueda hacer algo). Los campesinos
de hoy sienten que les quieren arrebatar sus tierras con el pretexto de las
inversiones y la modernidad. Sienten que asechan contra su modelo de vida, es
decir contra su modelo económico, en otro términos, contra su utopía andina.
Sienten que pisotean su derecho a la diversidad cultural. Sienten que no son
representados por aquellos que eligieron democráticamente. Sienten que no
tienen Estado. De esta manera, se evidencia, una vez más, la divorciada
relación de Estado- Nación, problema histórico por solucionar.
Contra esta forma de comportamiento del actual Estado y de los
gobernantes que están al frente del gobierno y de los grupos económicos de
poder, se movilizan los campesinos de la serranía peruana. Éstos son hijos y
nietos de aquellos campesinos que 
vieron
la Reforma Agraria
vieron
Pero el Estado actual en vez de establecer una nación jurídicamente
establecida, con el pretexto de la modernización, viene haciendo crecer en la
clase campesina, amargura, dolor y rencor (como siempre lo ha hecho en el
proceso histórico del Perú), y está dejando que los demás grupos sociales
(empresarios y trasnacionales) de toda la estructura social, vulnere los derechos
de otro grupo social (campesinos), vulnere los derechos como a la vida, libre
tránsito, propiedad y, sobre todo, a elegir su modelo de desarrollo. Campesinos,
en conferencias de prensa, denuncian que la empresa minera asentada en
Cajamarca, no les permite transitara por sus caminos para llegar a sus
comunidades.
Con respecto al segundo, es decir con las empresas mineras asentadas la
mayoría en la franja de la serranía, sierra norte en caso de Cajamarca, las
nuevas movilizaciones de los campesinos tienen su propia forma de manifestación
que en algunos casos se repiten en otras regiones. Lo que sucede es que, ante
la ausencia del Estado que pueda regular las acciones de las organizaciones
sociales públicas y privadas, los campesinos han decidido movilizarse y
enfrentarse a las empresas mineras que están violando sus derechos.
Ahora las movilizaciones ya no es contra el gamonal que les quita sus tierras y les explota con el
sistema de arriendo; sino contra la transnacional minera que, protegida por el
Estado, también les prohíbe transitar por sus propiedades que han sido
sometidos al denuncio minero sin tener en cuenta la participación del campesinado,
es decir la consulta previa. A la fecha, más de 70% de territorio cajamarquino
ha sido denunciado para la minería y el 23.4% del territorio de Piura está
concesionado a empresas mineras. “La empresa Río Blanco cuenta con 6 700 has. y
se le da la posibilidad de comprar las
21 000 has. de la empresa Mayarí (…) Con
estas 28 000 has. abarcarían los distritos de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa,
donde se ubican las lagunas que abastecen del recurso a la región”.[1]
Pero los problemas con las empresas mineras van más allá, así como el
incumplimiento de acuerdos firmados con los campesinos, la reducción de las
aguas en los canales de regadío, desaparición de los manantiales en las
cabeceras de cuenca, destrucción de lagunas y páramos de las partes altas de
las cuencas. El tema principal por lo
que los campesinos han decidido rebelarse es el agua, líquido elemento que, en
los últimos años, en el planeta, ha ido en escasez. Los campesinos consideran
que las empresas mineras, con sus operaciones, han alterado la calidad y
cantidad de las aguas que discurren por sus ríos y quebradas. Ante estos problemas,
el Estado no ha querido dar solución a los grupos en conflicto. Más bien la
institución del Estado se ha mostrado parcializado hacía uno de los grupos que
ostenta el poder económico: empresa minera que representa al capital
extranjero.
Respecto al conflicto entre el grupo social campesino y el grupo
empresarial minero, en Cajamarca, hay varios ejemplos. En el 2004, la ciudad
del Cumbe fue escenario de una las movilizaciones más grandes que haya
registrado el proceso histórico cajamarquino y
que tuvo su origen por la acción directa de los campesinos de las zonas
aledañas de las operaciones de la empresa minera Yanacocha. Los comuneros se
enfrentaron no sólo a las fuerzas policiales que representaban al Estado, sino
a la seguridad privada de la empresa minera quienes, avalándose en algunas
resoluciones del Ministerio de Energía y Minas, intentaban explorar y explotar
uno de los acuíferos (Quilish) más importantes no sólo para la agricultura y
ganadería de los campesinos, sino de la zona urbana. La batalla campal fue
brutal y con desventaja para los campesinos. En el 2004 la protesta avanzó del
campo a la ciudad, fenómeno que comprometió a toda la población citadina. En el
2011 y 2012, el conflicto Conga, que involucró a citadinos y campesinos de tres
provincias, puso en jaque al ejecutivo del gobierno de turno. Fue la protesta
social que tuvo como aliado de los campesinos, a diferencia del conflicto
anterior, a las autoridades del gobierno regional con Santos Guerrero a la cabeza.
Quilish y Conga, en Cajamarca, son señales que, los campesinos y la
población en mayoría, mostraron signos de no sometimiento ante los abusos de un
nuevo grupo económico: las trasnacionales mineras; sino que se notó la
presencia de un cholo (nueva vertiente cultural que no se somete
fácilmente) que dialoga, exige el
cumplimiento de las leyes y normas y las pone al frente para poder convivir. El
problema surge cuando esas leyes y normas son violentadas por uno de ellos y el
actual Estado no sanciona, y como consecuencia, los campesinos salen para
enfrentarse a las trasnacionales que son protegidas por un Estado cómplice. Es
en este momento que, el campesino de hoy, tiene dos enemigos al frente y no
tiene otro camino que enfrentarlos: el Estado y el grupo social privado minero.
Contra ellos son las movilizaciones de los campesinos de este tiempo. Contra
ellos y contra un sistema que los maltrata y margina.
Otro ejemplo de movilización campesina que también transcendió a nivel
nacional y tuvo que intervenir el Estado cómplice, fue el enfrentamiento que
libraron los campesinos de la comunidad campesina de Combayo donde murió el
comunero Isidro Llanos que hasta ahora no sentencian al responsable del
asesinato. Sin embargo, los que encabezaron la movilización, estaban a punto de
ir a la cárcel. Una muestra más que, en el Perú, el Estado siempre ha
convivido, en complicidad, con un grupo social que ostenta el poder económico
(hoy capital extranjero). Una muestra más del divorcio entre Estado- Sociedad.
La movilización de Combayo significó que los campesinos estaban reclamando
justo derecho: al agua y la vida. Por lo que los gobernantes y el Estado no
tuvieron otro camino que sentarse a conversar con el grupo social campesino y
el grupo empresarial para llegar a acuerdos y compromisos que muchos no fueron
cumplidos.
Majaz, en la provincia de San Ignacio, en el 2004, fue escenario de la
toma del centro minero donde se quemaron camionetas por parte de ronderos
campesinos. Después de cuatro años, el líder campesino Estanislao Quispe Mego,
presidente de las Rondas Campesinas de San Ignacio, es detenido y trasladado en
helicóptero a Chiclayo. El proyecto Río
Blanco a cargo de la empresa china
Xiamen Zijin es otro ejemplo de cómo los
campesinos se movilizan y se enfrentan a las trasnacionales mineras. Y en
Cajamarca, campesinos de San Cirilo no permiten que Yanacocha extiendan sus
operaciones, lo mismo sucede en el
centro poblado de Alto Perú en la
provincia de San Pablo, donde existen más de treinta lagunas que abastecen a la
cuenca del Jequetepeque.
En resumen, lo que se puede notar en los diez primeros años del siglo
XXI es la presencia de nuevas movilizaciones campesinas que le reclaman al
Estado su intervención, su presencia en la sociedad civil, su presencia
reguladora en la cancha del actual modelo económico. Y como los campesinos no
ven la intervención de la entidad estatal, ellos asumen a través de una especie
de un desborde social campesino al tomar las carreteras o atacar los
campamentos mineros para ser escuchados y entrar al diálogo. De esta manera,
intentan reemplazar al Estado cómplice y ausente. Ellos consideran que la única
manera de ser escuchados es haciendo presión al Estado y a las trasnacionales,
pero a éstos no les gusta y lo que salen diciendo es: “con presión no podemos
dialogar”.
En otras palabras, las nuevas movilizaciones campesinas es consecuencia
de la presencia de dos pensamientos: uno homogenizador y el otro local y
regional. El primero es la ideología Neoliberal, pensamiento imperante en este
tiempo. El segundo es el pensamiento campesino andino. La ideología Neoliberal
“es la libertad del individuo y descansa en dos supuestos: el de la esencia egoísta,
competitiva y agresiva en el género humano; y el de la propiedad privada. Éste
es un principio intrínsico de la ideología liberal y constitutivo de la esencia
humana. Pues para ella no existe ni puede existir libertad humana sin propiedad
privada, en tanto marco, condición y organismo para la realización de la
libertad. Esta doble racionalidad, libertad y propiedad privada sustentan la
existencia del liberalismo económico y político”[2]. Además, esta ideología tiene su propio modelo económico: libertad de
mercado.
En tanto el pensamiento campesino andino, que no es una ideología
extendida en el planeta y que no tiene sus gonfaloneros teóricos; sino que es
más bien local, exige justicia social e igualdad, exige lo contrario de lo que
los liberales dicen que “la miseria, ligada a la desigualdad y la injusticia,
es un hecho natural del sistema y por tanto un asunto privado; cualquier
intervención por parte del Estado para resolverla es el comienzo de la tiranía”[3].
La confrontación de estas dos ideologías ha desatado las nuevas movilizaciones
campesinas que han terminado en torturas y asesinatos impunes. (En el 2005
campesinos de Ayabaca y Huancabamba, en la Zanja , después Río Blanco, fueron torturados y
uno de ellos asesinado, en el 2012 murieron cinco personas en Bambamarca y
Celendín).
De modo que, antes que los
pueblos andinos donde hay inversión de capital extranjero continúen
ensangrentándose, es necesario la presencia de un Estado con equidad, moderno y
regulador. Keynesiano dirían otros. Para enfrentar los cambios ocurridos en el
nuevo modelo global. Un Estado que no permita el desconocimiento a la identidad
nacional que se expresa en el derecho a la diversidad cultural y no permita que
otros grupos sociales destruyan la construcción de una Nación. “De lo que se
trata es de construir un estado ‘antiimperialista’ que tenga la fuerza
suficiente para negociar con el imperialismo en condiciones de igualdad
neutralizando su lado expansivo y explotador
y aprovechando el positivo”[4]
En estas movilizaciones campesinas vuelve a plantearse el viejo
problema que, los historiadores, lo han explicado en todo momento. El viejo
problema de Estado-Nación.
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